Cuando todo hacía prever que la jueza Loretta Preska confirmaría el duro fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos dictado el mes pasado por el caso YPF, el Gobierno ganó tiempo y se fue más que satisfecho de la primera audiencia entre las partes.

Es que tras la decisión de los altos magistrados, el fondo buitre Burford Capital -propietario de los derechos para litigar del Grupo Petersen- se vio tan fortalecido que acudió al encuentro con un pedido expreso de juicio abreviado al considerar el diferendo como "cosa juzgada".

Sin embargo, Preska determinó que todavía había materias a ser discutidas y ahora se espera que la próxima semana abra una instancia de investigación donde la Argentina deberá probar la inconveniencia de continuar el juicio en Nueva York. En efecto, en primer término la jueza intentó que las partes lleguen a un acuerdo, lo que no fue posible por la firme negativa del fondo buitre.

A diferencia de la postura anterior, ahora los abogados locales no aspiran a que el diferendo se traslade a los tribunales de Buenos Aires, sino que se contentan solamente con evitar la difícil plaza neoyorquina.

La Corte Suprema de EEUU falló contra la Argentina en el caso YPF

Como explicó LPO, su principal argumento apela al carácter de fraudulento de la transacción donde el Grupo Petersen adquirió el 25% de las acciones de YPF durante el primer mandato de Cristina Kirchner, al "no poner ni un peso".

El estudio que defiende a la Argentina denunció que la entonces jefa de Estado permitió la firma de "acuerdos falsos", por lo que consideró que un fondo buitre "carece de derechos a cobrar indemnización alguna".

En consecuencia, como la causa que investiga la venta ya existe y espera el peritaje que pidió el juez federal Ariel Lijo, el Gobierno considera que hay que solicitar un foro más conveniente para litigar.

"Fue una audiencia muy dura, pero nos vamos muy satisfechos. Tranquilamente nos podría haber dicho que no de entrada y acatar la orden de la Corte", indicaron fuentes oficiales a este medio.

De todos modos, la magistrada no dio ninguna resolución definitiva y aún puede hacer lugar a la solicitud de Burford Capital, que exige un pago de 3.000 millones de dólares ya que en el momento de la nacionalización de la compañía, el Estado no realizó una oferta pública de adquisición (OPA) por el 49% no expropiado, tal como marca la legislación en todo el mundo.